El Gobierno, en su última reunión
del Consejo de Ministras celebrada el pasado viernes día 24 de octubre adoptó
el acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Española
de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, un documento que dotará a
nuestro país de un marco común de referencia que permitirá armonizar las
distintas actuaciones que, en relación a la Responsabilidad Social,
se están desarrollando tanto en el ámbito público como en el privado.
Se trata de una actuación que
responde a las recomendaciones plasmadas en la Estrategia Renovada
de la Unión Europea
sobre Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), que insta a los países
miembros a impulsar políticas nacionales en materia de RSE y que tal y como ha
manifestado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez “compromete
a las empresas, las administraciones públicas y al resto de organizaciones para
avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva,
sostenible e integradora”.
Durante su intervención, Báñez ha
explicado que “la Estrategia es un documento que es el resultado de más de un
año de trabajo en cuya elaboración han participado los cuatro grupos que
componen el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas
(administraciones públicas, empresas, sindicatos y sociedad civil organizada),
además de otros ministerios, las comunidades autónomas, las entidades locales,
responsables de RSE de grandes empresas y expertos académicos”.
A su vez, la ministra ha
destacado que la estrategia supone un paso más en el cumplimiento de los acuerdos
alcanzados entre el gobierno y los interlocutores sociales el pasado 29 de
julio en el Palacio de la Moncloa.
La Estrategia Española
de Responsabilidad Social de las Empresas aspira a impulsar acciones que
persiguen los siguientes objetivos:
•Reforzar y alinear los
compromisos de las empresas y de las Administraciones públicas con las
necesidades y preocupaciones de la sociedad española, entre las que se
encuentra la generación de empleo.
•Contribuir a reforzar los
modelos de gestión sostenibles que ayuden a las empresas a ser más competitivas
y a las administraciones públicas más eficientes.
•Y, por último, potenciar
aquellos programas de responsabilidad social que impulsen la MARCA ESPAÑA, la
credibilidad internacional y la competitividad de la economía española, junto a
la sostenibilidad y la cohesión social.
El borrador de la Estrategia fue
aprobado en la sesión plenaria del CERSE que se celebró el pasado 16 de julio y
fue sometido a un proceso de información pública.
Seis principios, cuatro
objetivos, 10 líneas de actuación y 60 medidas
En relación a su estructura, la
Estrategia parte de seis principios, marca cuatro objetivos estratégicos y 10
líneas de actuación con sus correspondientes medidas que confluyen en una
visión: apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las
organizaciones públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor
significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una
sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.
Los seis principios, tal y como
se recogen en el borrador, son:
1.COMPETITIVIDAD. La puesta en
marcha de actuaciones en materia de Responsabilidad Social se puede identificar
también como una apuesta por la excelencia en la gestión de las empresas que
redunda en la mejora de su posicionamiento en el mercado, en su productividad,
rentabilidad y sostenibilidad.
La Responsabilidad Social
facilita la innovación al incorporar nuevas formas de gestión que favorecen la
creación de nuevos productos y servicios dando respuesta a retos sociales y
ambientales.
2.COHESIÓN SOCIAL. La RSE debe
aumentar la eficacia de las organizaciones en la promoción de la igualdad de
oportunidades y la inclusión social.
La valoración de la RSE por la
sociedad, su mejor forma de promoción, requiere que los ciudadanos identifiquen
la misma como un elemento de cohesión social para ayudar a reducir los efectos
sociales de la crisis económica, principalmente la pérdida de puestos de
trabajo, y con la creación de empleo.
3.CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO.
La aplicación de los criterios y valores de la RSE, en colaboración efectiva
con los grupos de interés, contribuye a generar y reforzar el impacto positivo.
Debe, al mismo tiempo, contribuir a identificar, prevenir y eliminar los
impactos negativos y crear más valor no sólo para la propia organización que
los aplica, sino también para aquellos con los que lo comparte que son los
principales grupos de interés involucrados en su actividad y la sociedad en
general.
El objetivo de dicha aplicación
debe ser maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios y/o
accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido
amplio, con el fin de identificar, prevenir y atenuar sus posibles
consecuencias adversas.
4.SOSTENIBILIDAD. La RSE se
constituye como un instrumento para desarrollar organizaciones conscientes de
su papel principal en el logro de un desarrollo humano, económico, y
medioambiental sostenido en el tiempo para las sociedades en las que se
integran.
Es posible una evolución justa y
responsable hacia una economía más competitiva que dé lugar a un desarrollo
sostenible y logre progreso social.
5.TRANSPARENCIA. La RSE
contribuye a promover organizaciones ejemplares y transparentes, lo que redunda
en un aumento de la credibilidad y de la confianza. Las
empresas y organizaciones socialmente responsables dialogan con sus
interlocutores y adquieren compromisos con sus grupos de interés, lo que
facilita que éstos puedan tomar decisiones mejor informadas. Ello repercute de manera directa
en su reputación de cara al resto de la sociedad.
Una organización socialmente
responsable debe considerar todos sus aspectos (económicos, sociales,
laborales, medioambientales, buen gobierno…). Una buena práctica en uno de los
aspectos no puede ser considerada como un aval de RSE sin conocer y tener en
consideración el resto de los aspectos.
6.VOLUNTARIEDAD. La adopción de
políticas de responsabilidad social es voluntaria, requiere un compromiso y
supone un valor añadido al cumplimiento de la normativa vigente. El compromiso
asumido voluntariamente con las partes interesadas, debe ser la base del
cumplimiento de las expectativas que generen las organizaciones.
Los objetivos en torno a los
cuales se vertebran las 10 líneas de actuación son:
•Objetivo 1. Impulsar y promover
la RSE, tanto en las empresas, incluidas las PYMES, como en el resto de
organizaciones públicas y privadas, en sus actuaciones en los diversos ámbitos
geográficos en los que operan.
•Objetivo 2. Identificar y
promover la RSE como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de
cohesión social.
•Objetivo 3. Difundir los valores
de la RSE en el conjunto de la sociedad.
•Objetivo 4. Crear un marco de
referencia común para todo el territorio en materia de RSE, que garantice el
cumplimiento y respeto de los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre,
de Garantía de la Unidad de Mercado y permita una mayor coordinación y
sinergias en esta materia.
Y las 10 líneas de actuación en
las que se enmarcan las 60 medidas concretas son:
1.Promoción de la RSE como
elemento impulsor de organizaciones más sostenibles. El objetivo de esta línea de actuación es
extender la cultura de la Responsabilidad Social al conjunto de la sociedad
a través de actuaciones como la promoción de sus principios, de las
recomendaciones de consenso internacional en esta materia y la difusión de
buenas prácticas en este ámbito.
Entre las medidas que incluye,
y para mejorar la transparencia y
favorecer que tanto las empresas como el resto de las organizaciones puedan
hacer públicos sus informes de responsabilidad social y sostenibilidad, la
ministra ha anunciado que “el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pondrá en
marcha en los próximos meses una herramienta telemática y un procedimiento de
publicación de las memorias e informes de responsabilidad social y
sostenibilidad que realicen las empresas sin cargas administrativas adicionales”.
Estas memorias, y sus
correspondientes verificaciones cuando las hubiere, serán publicadas en el
Portal de la
Responsabilidad Social, un nuevo espacio que se ubicará en la
Web del propio Ministerio y que dará visibilidad a las memorias de RSE y
sostenibilidad de forma sistemática y facilitará la identificación y
divulgación de prácticas responsables.
Además, “continuaremos impulsando
los reconocimientos y las prácticas empresariales socialmente responsables. Y
en este momento no hay mayor responsabilidad social que el empleo”, aseguró la ministra. En este
contexto, se refirió al sello de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven, un reconocimiento que ya tienen más de 600 entidades públicas y privadas
que han puesto en marcha planes de actuación por valor de más de 550 millones
de euros, que se suman a los recursos públicos de fomento del empleo entre los
jóvenes.
2.Integración de la RSE en la
educación, la formación y en la investigación. La educación en el valor del
comportamiento responsable, la formación especializada en técnicas de gestión
socialmente responsable y la investigación orientada a la aplicación efectiva
de sus criterios, son pilares fundamentales para acelerar cambios en la forma
de pensar y el actuar sostenible de las actuales y futuras generaciones.
En este sentido, se prevén
actuaciones como la próxima firma de un convenio con las entidades
representativas de la
Economía Social para extender y afianzar los principios de la Responsabilidad Social
en los colegios organizados bajo la fórmula de cooperativas de enseñanza.
3.Buen Gobierno y transparencia
como instrumentos para el aumento de la confianza. El objeto
de esta línea de actuación es extender las prácticas de buen gobierno, el
comportamiento ético y la transparencia.
En este ámbito la ministra se
refirió a cuatro proyectos ya emprendidos; la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno; la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de
Crédito, que introduce reformas en materia de gobierno corporativo; el proyecto
de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora
del Gobierno Corporativo; y la
futura Ley de Mutuas, por la cual ningún directivo de las
mutuas de accidentes y contingencias profesionales podrá cobrar, entre
retribuciones básicas y complementarias, más de lo que gana el titular del
Ministerio de Empleo.
Entre las medidas que incluye se
encuentran también el fomento de la elaboración de informes anuales integrados
que incorporen de forma transparente la información de aspectos sociales, ambientales,
y de buen gobierno, y la constitución de un grupo de trabajo interministerial
para la trasposición de la
nueva Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad al
ordenamiento jurídico español.
Asimismo, durante su
intervención, la ministra ha hecho referencia a otras medidas de este ámbito
como el fomento de la fiscalidad responsable en las organizaciones, el impulso
de actuaciones dirigidas a combatir el fraude, tanto laboral como fiscal, y la
economía sumergida y el desarrollo de programas de transparencia, integridad y
lucha contra la corrupción en todas las organizaciones.
4.Gestión responsable de los
recursos humanos y fomento del empleo. Las organizaciones socialmente
responsables deben prestar atención especial a la creación de empleo de calidad
y tener en cuenta a los colectivos con mayores dificultades de inserción
laboral. Además, deben poner en marcha prácticas que impulsen la diversidad en
las plantillas “para que éstas sean un reflejo real de la sociedad en la que se
desarrollan”, aseguro la ministra.
En este ámbito, Fátima Báñez se
ha referido a aquellas medidas dirigidas a favorecer la igualdad de
oportunidades y la diversidad en las plantillas, la promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres y a aquellas actuaciones cuyo objetivo es facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la
corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares y de cuidado.
De forma particular, se refirió a
la presentación junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, de un Plan especial para la igualdad de mujeres y hombres en el
ámbito laboral y contra la discriminación salarial.
Por último, ha señalado que “se
seguirá potenciando la contratación indefinida”.
5.Inversión socialmente
responsable e I+D+i. La responsabilidad social empresarial puede constituirse
como un elemento de atracción de la inversión de largo plazo e incentivadora de
un crecimiento responsable y sostenible.
En este apartado la ministra ha
señalado que está prevista la elaboración de una guía de buenas prácticas que
sirva de instrumento para la inclusión, difusión y seguimiento de criterios
éticos, ambientales, sociales, de derechos humanos y de buen gobierno en las
políticas de inversión de productos financieros y de ahorro, así como impulsar
la inversión socialmente responsable por parte de los pequeños inversores.
6.Relación con los proveedores.
El desarrollo de sistemas de relación socialmente responsables por parte de las
organizaciones con cada uno de los componentes de la cadena de suministro, y la
puesta en marcha de actuaciones que contribuyan a extender las buenas prácticas
que éstas llevan a cabo en materia de responsabilidad social entre sus
distintos proveedores, deben ocupar un lugar prioritario en los planes
estratégicos de las empresas y de las administraciones públicas.
Por ello, y entre las medidas que
se incluyen en la sexta línea de actuación se encuentran: continuar impulsando
la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a que, tanto las empresas como las
administraciones públicas, satisfagan sus compromisos con sus proveedores,
especialmente, en los plazos de abono de las facturas; instar a todas las
administraciones públicas a que adapten sus criterios de solvencia técnica y
económica en los procedimientos de licitación pública, al fomento del
emprendimiento; y fomentar la incorporación de cláusulas sociales y
medioambientales en las licitaciones y adquisiciones públicas.
7.Consumo responsable. En esta
línea de actuación se introducen medidas para sensibilizar, concienciar y hacer
partícipe al consumidor en su toma de decisiones, lo que contribuirá, por un
lado, a extender las prácticas de responsabilidad empresarial como requisitos
de negocio; y, por otro, a la promoción de una sociedad más sostenible,
ecológica y solidaria.
En este ámbito la estrategia
incluye medidas como la utilización del etiquetado como instrumento de
información al consumidor y herramienta informativa del cumplimiento de
criterios de sostenibilidad y la elaboración de un código de buenas prácticas
sobre información para evitar la comunicación y/o la publicidad no veraz.
8.Respeto al medio ambiente. El
respeto al medio ambiente es un requisito indispensable de toda organización
con vocación sostenible, ya que tiene que conciliar el cuidado del entorno con
el desarrollo económico y de las personas.
En este contexto, la Estrategia
contempla medidas dirigidas a fomentar el respeto por el entorno mediante la
puesta en marcha de actuaciones referentes al control y consumo responsable de
recursos naturales, la minimización del impacto ambiental, o el impulso de las
tecnologías limpias, entre otras.
9.Cooperación al desarrollo: esta
línea estratégica trata de promover la coordinación y la participación de los
distintos agentes implicados en el objetivo de poner en valor el desempeño
responsable de empresas españolas para favorecer la cohesión social y destacar
su papel como aliadas en el desarrollo de la cooperación española con
actuaciones encaminadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y,
especialmente, a la defensa y protección de los derechos humanos de las comunidades.
También se refirió la ministra al
respeto y protección de los Derechos Humanos en toda la cadena de valor.
Especialmente en el ámbito internacional, las empresas deben colaborar para
tratar de garantizar que se cumplan los Derechos Humanos en su esfera de
influencia poniendo especial atención en aquellos entornos en los que no
existan garantías suficientes en relación al respeto y protección de los
mismos.
10.Coordinación y participación.
En esta línea de actuación se articulan los
mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones
públicas, tanto a nivel autonómico como local, con objeto de promover los
principios y criterios de la Responsabilidad Social, así como fomentar el
intercambio de experiencias con otros países.
Contempla medidas como la
creación de un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial
de Empleo y Asuntos Laborales para garantizar la armonización y unidad de
mercado en esta materia y la promoción de
la RSE en todo el territorio.
Además, se extenderá y promoverá
la RSE a través de iniciativas como la actual Red de Territorios Socialmente
Responsables (RED RETOS) y la creación de una Red de Responsables Públicos de
Fomento de la
Responsabilidad Social que compartan buenas prácticas e
impulsen la RSE en todo el territorio desde cualquier ámbito de la
Administración.
Por último, la ministra anunció
que a través del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social
de las Empresas, se pondrá en marcha de forma inminente el Observatorio de la Responsabilidad Social
de las Empresas, que estará coordinado por la Dirección General
del Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y de la Responsabilidad Social
de las Empresas, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Seguimiento y Evaluación
El documento incluye, además, una
clasificación de las 60 medidas que contempla según su prioridad (13 son de
prioridad muy alta, 17 son de prioridad alta y 30 son de prioridad media) y
determina qué entidades son las encargadas de impulsar y poner en marcha cada
una de las actuaciones.
Además, y con el objeto de hacer
un seguimiento de cada una de las medidas, la Dirección General
del Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y de la Responsabilidad Social
de las Empresas realizará un informe anual que se presentará al Consejo Estatal
de la
Responsabilidad Social de las Empresas y a la Conferencia Sectorial
de Empleo y Asuntos Laborales para su posterior evaluación.
Para más información:
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social
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