El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el pasado miércoles 27 de agosto la Resolución del Servicio
Público de Empleo Estatal por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos
prioritariamente a las personas ocupadas, correspondiente al ejercicio
presupuestario de 2014. Asimismo, el próximo viernes se publicará la
convocatoria de subvenciones, también para este año, para financiar un programa
específico de ámbito estatal para la formación de jóvenes menores de 30 años.
Entre los beneficiarios, estarán aquellos jóvenes menores de 25 años inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Estas convocatorias tendrán una
financiación máxima de 180,2 millones de euros, de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2014, de los que 41,3 millones se dirigirán al programa de jóvenes.
En este año se amplían hasta 90,1
millones de euros (el 50% del total) los fondos abiertos a la libre
concurrencia de centros y entidades de formación, que podrán acceder a estos
fondos compitiendo en igualdad de condiciones.
Acuerdo de propuestas para la
negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo
Dotar al tejido productivo de un
sistema de formación profesional resulta fundamental en el actual contexto de
recuperación económica, de manera que constituya una verdadera herramienta de
competitividad para las empresas y de mejora de las oportunidades de los
trabajadores para el acceso,
mantenimiento y retorno al empleo.
Por ello, el pasado 29 de julio,
a través del Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para
fortalecer el crecimiento económico y el empleo, el Gobierno y los
interlocutores sociales expresaron su voluntad de transformar el sistema de
formación profesional para el empleo sobre la base del diálogo social
Según el compromiso adquirido, el
nuevo modelo de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
deberá estar operativo y resultar de aplicación a todo el sistema a partir del
1 de enero de 2015.
La convocatoria de 2014 es, por
tanto, la última de un escenario de transición hacia el nuevo modelo de
formación profesional para el empleo, aunque ya incorpora pasos importantes,
como en el avance hacia la libre concurrencia entre entidades dedicadas a la
formación.
Además, introduce algunas
novedades como la limitación al 50 por ciento del pago anticipado de la
financiación, de forma que para proceder a los restantes pagos parciales será
necesaria la comunicación de los alumnos participantes en las acciones
formativas, así como la certificación de ejecución por parte del beneficiario
de la ayuda. Con ello, se favorece la garantía de la impartición de una
formación de calidad.
Por su parte, la subcontratación
queda limitada al 50 por ciento, aplicable a la cuantía que corresponda a cada
uno de los beneficiarios de las ayudas, y no se financian a través de la
presente convocatoria planes cuya ejecución haya comenzado con anterioridad a
la concesión de las ayudas, entre otras novedades.
Con las convocatorias se publica,
además, la metodología que se utilizará para la valoración de las solicitudes
presentadas, avanzando con ello en la transparencia de todo el proceso.
Principios del nuevo modelo
La Ley 3/2012, de 6 de julio, ya
introdujo la posibilidad de que los centros y entidades de formación
debidamente acreditados participen directamente como beneficiarios de las
ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo, con la finalidad
de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficaz, así como
que la distribución de recursos públicos resulte más eficiente.
Por su parte, el mencionado
Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el
crecimiento económico y el empleo, señala
tres objetivos estratégicos:
1. Garantía del ejercicio del derecho a la
formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los
más vulnerables.
2. Contribución efectiva de la formación a
la competitividad de las empresas.
3. Eficiencia y transparencia en la gestión
de los recursos públicos.
Igualmente el Acuerdo recoge diez
principios acordados en la Mesa de Diálogo Social que deben regir el nuevo
modelo:
1. El ejercicio del derecho individual a la
formación profesional para el empleo, la garantía y la igualdad en el acceso de
los trabajadores y las empresas a una formación vinculada a las necesidades de
los mismos.
2. La anticipación a los requerimientos y
cambios del modelo productivo, como vía fundamental para reforzar la calidad y
eficacia de la formación.
3. La unidad del mercado de trabajo y la
libre circulación de los trabajadores en el desarrollo de las acciones
formativas.
4. La negociación colectiva y el diálogo
social como instrumento de desarrollo del sistema de formación profesional para
el empleo en el ámbito laboral.
5. La calidad, eficacia, eficiencia y
transparencia en la gestión, así como el compromiso de todos los agentes
implicados con el objetivo de dotar de prestigio y reconocimiento al sistema de
formación profesional para el empleo.
6. La estabilidad, seguridad y certidumbre
que permita la planificación estratégica y promueva la inversión en recursos
formativos.
7. La articulación del sistema a través de
la coordinación y la cooperación interadministrativa en el marco de la
competencia normativa del Estado que permita flexibilidad y la optimización de
los recursos destinados al sistema.
8. El impulso a la formación programada por
la empresa para sus propios trabajadores, con la participación de la
representación legal de los trabajadores, como vía ágil y flexible de responder
a las necesidades más inmediatas y cercanas a empresas y trabajadores.
9. El refuerzo de los sistemas de
información, el seguimiento y control, la evaluación permanente en todas las
etapas del proceso formativo, incluida la adecuada medición de su impacto y el
compromiso con la mejora continua.
10. Acceso a una financiación suficiente,
estable y equitativa, bajo el respeto de la unidad de caja y el carácter
finalista de la cuota de formación profesional, que deberá gestionarse en
régimen de concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación,
públicos y privados, acreditados conforme a la normativa vigente, para la
impartición de toda la programación formativa de las distintas Administraciones
públicas.
Conforme a estos 10 principios y
para dar cumplimiento a los objetivos señalados, el Gobierno y los
interlocutores sociales se comprometieron a la firma de los V Acuerdos de
Formación Profesional para el Empleo y a realizar las modificaciones normativas
que permitan la evolución del sistema y su adecuación a las necesidades
actuales.
Será un sistema adecuado a las
necesidades de las empresas, ajustando las competencias de los trabajadores a
las necesidades cambiantes del tejido productivo, impulsando así la
competitividad empresarial y mejorando la empleabilidad de los trabajadores.
Libre concurrencia
Según se recoge en el propio
preámbulo de la convocatoria publicada hoy, con el nuevo modelo la totalidad de
las subvenciones para la formación profesional para el empleo se someterán a
libre concurrencia competitiva entre las entidades de formación que cumplan los
requisitos necesarios para su impartición según la normativa vigente, sin
perjuicio de que se faciliten acciones formativas dirigidas a cualificar a los
interlocutores sociales ante una negociación colectiva cada vez más especializada
y compleja. En esta línea ya avanza la presente convocatoria, situando ese
porcentaje en el 50%.
Por su parte, el modelo debe
tratar de superar las limitaciones de un calendario formativo condicionado por
la tramitación administrativa. Por eso, se introducirá la posibilidad de
instrumentar el cheque-formación para trabajadores desempleados y se impulsará,
de forma definitiva, la teleformación.
Además, el nuevo modelo debe
desarrollar un sistema integrado de información que garantice la trazabilidad
de las acciones formativas y la comparabilidad, la coherencia y la
actualización permanente de toda la información sobre la formación profesional
para el empleo que se lleva a cabo, tanto a nivel estatal, como autonómico.
Este sistema permitirá
desarrollar una cuenta formación que acompañe al trabajador a lo largo de su
carrera profesional como herramienta clave para su empleabilidad; y favorecerá,
además, la capacidad de analizar la actividad formativa, de evaluar su calidad
y su impacto real sobre la empleabilidad de los trabajadores y la
competitividad empresarial.
Como complemento y garantía de
control y de lucha contra el fraude está prevista la creación, dentro de la
Inspección de Trabajo, de una unidad especializada en el seguimiento y control
de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción; de un
régimen sancionador que incluya la prohibición para los beneficiarios de planes
de formación de volver a trabajar para la Administración Pública en el ámbito
de la formación durante, al menos, cinco años cuando hayan incumplido la
legalidad, entre otras medidas.
Se tratará, por tanto, de un
nuevo modelo que, tras proceso de diálogo y participación con los
Interlocutores Sociales, impulsará la calidad y la eficacia de la formación
para el empleo, con instrumentos novedosos que aumentan su alcance y su
adecuación a los requerimientos del tejido productivo. Un modelo en el que se
avance hacia un uso más eficiente de los recursos públicos y que se encuentre
sometido a principios de concurrencia, objetividad y publicidad, transparencia
en todo el sistema, rendición de cuentas y evaluación permanente.
Para más información:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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