Euskadi se convierte en la primera comunidad autónoma que vincula las prestaciones sociales con el empleo, a través de un modelo similar al alemán
El Parlamento vasco ha aprobado la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, una modificación, que traslada la gestión íntegra de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo con el cometido de que ligue estas prestaciones con la inserción laboral. De esta manera, a partir del 1 de enero, Euskadi se convertirá en la primera comunidad autónoma del Estado en vincular a los perceptores con la búsqueda activa de un empleo o de formación para poder acceder al mercado laboral.
Hasta ahora, la RGI y la PCV eran gestionadas por tres administraciones diferentes: los ayuntamientos (a los que acuden los ciudadanos directamente para tramitar el expediente), las diputaciones (que son las que dan el visto bueno al expediente) y el Gobierno (que es el que paga). “Esta reforma de la ley”, ha puntualizado Zabaleta, “libera a ambas administraciones de la gestión de una prestación para que puedan atender mejor a la amplia agenda que se despliega en la atención al complejo espacio existente entre lo social y lo laboral”. En este punto, la consejera ha agradecido la labor de los servicios sociales de base de los municipios vascos así como a las diputaciones por sus “esfuerzos y desvelos”.
La nueva fórmula de gestión, que será efectiva a partir del 1 de enero del próximo año, permitirá una tramitación unificada, más ágil y eficaz para el ciudadano y, sobre todo, consolidará el carácter de estímulo para el empleo que debe acompañar a la RGI y a la PCV. En los dos últimos años, los diferentes programas alentados desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo han conseguido que 3.700 perceptores de prestaciones hayan logrado un trabajo.
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