CSI-F anuncia movilizaciones y paros en julio
y agosto contra los recortes en la Función pública y no descarta convocar
huelga en septiembre
La Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en las
Administraciones Públicas, manifestó hoy su indignación y oposición frontal
ante las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el
ámbito de las Administraciones Públicas.
En este sentido, anunció la convocatoria de paros parciales en el
conjunto de las administraciones durante los meses de julio y agosto, entre
otras movilizaciones, y no descarta convocar una huelga en el mes de septiembre.
El alcance de estas movilizaciones se decidirá este mismo viernes por la
Comisión Nacional del sindicato.
CSI-F considera que el nuevo recorte en las condiciones laborales
de los empleados públicos responde a las nuevas medidas restrictivas impuestas
a España por la Unión Europea, como consecuencia del ajuste en el sistema
bancario, una situación que –según CSIF-- no tiene nada que ver con el
funcionamiento de nuestro sector público y el trabajo diario de cerca de 2,7
millones de empleados públicos de este país.
“Hablamos de policías, médicos, docentes, personal de juzgados de
instituciones penitenciarias, enfermeros, carteros, personal de oficina y
atención al público, servidores públicos y que todos los
días se dejan la piel para mantener el
nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la
crisis sirva para desmantelar los servicios públicos”, destacó el presidente
del sindicato, Miguel Borra.
Además, para CSI-F las medidas anunciadas por Rajoy no inciden en
el problema fundamental que ha lastrado las cuentas públicas durante los
últimos años: la duplicidad de administraciones, el derroche en obras e
infraestructuras (aeropuertos y autopistas infrautilizados) o las estructuras
administrativas ineficientes (embajadas autonómicas en el exterior) .“No puede
ser que los empleados públicos volvamos a ser los paganos y la caja de ahorros
del Estado, cada vez que se nos anuncie una nueva mala previsión económica o un
dato negativo”, aseveró Miguel Borra.
Borra recordó que “llueve sobre mojado” y que los empleados
públicos, a largo de los últimos tres años, arrastran una rebaja salarial del 5
por ciento (2010), dos congelaciones salariales (2011 y 2112), con una pérdida
de poder adquisitivo del 21 por ciento, así como la amortización de plazas de
personal jubilado y la no renovación de personal interino, lo que ha
supuesto la destrucción de 160.000
puestos de trabajo. Todo ello, sumado a la rebaja de sueldos y el empeoramiento
de las condiciones laborales en las administraciones autonómicas.
Por otro lado, CSI-F insiste en que en este país “no sobran
empleados públicos”. Así, mientras que enEspaña hay un empleado público por cada
15 ciudadanos, en Alemaniapor cada 18
ciudadanos y en Francia por cada 12.“No
somos muchos. Estamos en la media”, apuntó. Ahora bien, lo que “no tiene ninguna explicación la
multiplicación hasta el infinito de empresas públicas que se ha producido en
los últimos años para sortear la Ley”.
“Los empleados públicos tienen que saber que CSI-F va a seguir defendiendo sus intereses y
sus derechos como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 30 años”,
recalcó Borra.
En este sentido, el presidente de CSI-F recordó que el Tribunal
Constitucional de Portugal determinó la semana pasada que la rebaja de sueldos
en el sector público es discriminatoria respecto al sector privado, apuntando
la posibilidad de que en España pueda suceder lo mismo.
Ante esta situación, CSI-F reiterará su oferta de pacto de Estado en las
Administraciones Pública, que consta de diez puntos fundamentales.
1. CSI-F emplaza a los poderes públicos a abrir los foros de negociación y recuperar el
diálogo social como elemento fundamental para conseguir un
Pacto de Estado para las Administraciones Públicas.
2. Desarrollo
del Estatuto Básico del Empleado Público y las Leyes de Función
Pública de la AGE y de las CC.AA. para vertebrar el Estado, homologar y
coordinar los servicios que se prestan en todos los niveles administrativos y
evitar duplicidades.
3. Realizar un diagnóstico
sobre la estructura administrativa en el conjunto del Estado,
evaluando las necesidades, los recursos humanos y elaborar criterios generales
para los diferentes sectores.
4. Racionalizar
el empleo público y mantener una tasa de reposición que
garantice la calidad de los servicios públicos.
5. Consolidación del empleo
y reducción de la temporalidad.
6. Delimitar
el campo de actuación de los servicios que prestan las
administraciones públicas a través de empleados públicos, frente a otro tipo de
servicios que prestan empresas públicas.
7. Desarrollo de la evaluación del desempeño (productividad) de los
empleados públicos.
8. Avanzar en la configuración de la carrera y promoción profesional.
9. Dotar a las administraciones de instrumentos legales necesarios
para que avancen en la
prestación de unos servicios más ágiles, más eficaces, más
ágiles, más eficaces, más transparentes y responsables.
10. Garantizar
el mantenimiento de la calidad en los servicios públicos y los
principios sobre los que se sustenta el Estado del Bienestar.
Por otra parte, el Consejo Sindical de CSI-F puso en marcha esta
semana su Observatorio
para el seguimiento del desarrollo de la reforma laboral y combatir de manera más
eficaz los despidos de empleados públicos que se produzcan en todo el Estado.
CSI-F ha creado esta
herramienta sindical con la que acudirá
a todos las administraciones donde se produzca un ERE para
defender los intereses de los trabajadores.El plan de actuación contemplará las
tradicionales vías de presión (paros, movilizaciones, etc), actuaciones en el
ámbito jurídico, así como el desarrollo de auditorías públicas, para ofrecer
medidas alternativas al despido.
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