A partir del próximo año 2014, cuatro
millones de trabajadores recibirán información sobre su futura pensión. Esta
comunicación, que “se remitirá a efectos meramente informativos, sin que
origine derechos ni expectativas de derechos a favor del trabajador o de
terceros”, también involucrará muy estrechamente al sector privado.
Así el secretario de Estado de la Seguridad
Social, Tomás Burgos, ha desgranado esta mañana el “relevante desafío técnico”
que tiene por delante el sistema público en los próximos meses. Burgos se
refería de este modo a las comunicaciones -por correo ordinario y de forma
anual– que recibirán desde mediados de 2014 los trabajadores mayores de 50
años, más de cuatro millones de personas en todo el territorio según el INE,
para conocer de primera mano su expectativa futura de pensión.
El objetivo de estos envíos es que conozcan
de una forma “clara y comprensible” sus futuros derechos de jubilación. Aunque
en principio será este colectivo el que reciba la información, “el compromiso
es ir reduciendo progresivamente ese límite de edad hasta situarlo en toda
persona que acredite al menos cinco años de cotizaciones y/o aportaciones a
Seguros o Planes de Pensiones”.
El responsable de las pensiones, que clausuró
las jornadas sobre el derecho a la información que estos dos días ha reunido en
Pozuelo de Alarcón (Madrid) a representantes de siete países de la UE, recordó
que “la información se construirá sobre la hipótesis de que el interesado
continuará cotizando o realizando aportaciones de una forma similar hasta la
fecha de la jubilación ordinaria de cada momento”.
Esto es, todos los instrumentos de carácter
complementario o alternativo que contemplen compromisos de jubilaciones tales
como Mutualidades de Previsión Social, Mutualidades alternativas, Planes de
Previsión Social Empresariales, Planes de Previsión Asegurados, Planes y Fondos
de Pensiones y Seguros individuales y colectivos de instrumentación de
compromisos por pensiones de las empresas.
La información deberá facilitarse con la
misma periodicidad y en términos comparables y homogéneos con la suministrada
por la Seguridad Social.
En estos momentos ya se está elaborando la
normativa que regulará este derecho a la información, llamado a convertirse en
un cambio fundamental hacia una cultura de mayor conocimiento, sensibilidad y
compromiso de los ciudadanos con sus pensiones.
Este proceso está abierto a incorporar otro
tipo de informaciones complementarias, como por ejemplo el reparto de las
obligaciones de cotización entre el trabajador y el empresario y el uso que se
da a las cotizaciones.
Para más información:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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