Así las medidas y actuaciones que llevará a
cabo este plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad
Social serán las siguientes:
1ª La reforma de la organización y
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para adaptarla de
manera más eficaz a la lucha contra el empleo irregular.
Las actuales Direcciones Territoriales de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social asumen funciones operativas en materia
de empleo irregular y fraude a la Seguridad Social. Se constituyen nuevos
equipos especializados en supuestos de empleo irregular y de derivaciones de
responsabilidad.
2ª La dotación de mayores recursos humanos a
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para luchar contra la economía
irregular.
En 2012 se incorporarán 53 inspectores y 60
subinspectores, todos ellos destinados con carácter prioritario a la
prevención, detección y lucha contra el empleo irregular.
3ª El refuerzo de los instrumentos de
coordinación y colaboración de la Inspección de Trabajo con otros organismos
competentes en materia de políticas laborales, sociales y de empleo.
El Plan fija mecanismos de colaboración
estable entre la Inspección y el Servicio Público de Empleo Estatal, el Fondo
de Garantía Salarial, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Esta colaboración, que ya existe en otras
materias como la prevención de riesgos laborales, se pretende extender a la
lucha contra el empleo irregular a través del Consejo General del Poder
Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado, así como a las autoridades laborales de las Comunidades
Autónomas y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4ª La modificación del Código Penal
delimitando nuevos supuestos de fraude en los que se ha verificado que la
sanción administrativa no es suficientemente efectiva. Tal es el caso de
empresas ficticias y talleres clandestinos. En esta línea se pretende la ampliación
del período de prescripción de cinco a diez años de los supuestos delictivos
más graves, como, por ejemplo, las "empresas fantasma" sin actividad
real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los
trabajadores obtengan una prestación pública. Por otra parte, se plantea la
modificación del Código Penal para sancionar a aquellos que empleen
simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la
Seguridad Social, o sin haber obtenido la correspondiente autorización de
trabajo.
5ª El desarrollo de nuevas campañas de
inspección en determinados sectores de actividad donde están identificadas
posibles bolsas de fraude.
En resumen un conjunto de actuaciones muy
completo, que tendrá como finalidad reducir todo lo posible el fraude al empleo
y Seguridad Social. Ahora lo que hace falta es que todas estas medidas pasen
del papel a la realidad y se apliquen con la coordinación necesaria lo antes
posible.
Para más información:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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