El fraude a la Seguridad Social y seguro de desempleo está siendo fuertemente perseguido por el Gobierno, fruto de ello la Policía Nacional ha descubierto un fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal por más de 2,2 millones de euros sólo en cuotas impagadas.
En esta operación contra el fraude a la Seguridad Social y seguro de desempleo ha sido denominada “Llétar", han sido detenidas 57 personas, cinco de ellas titulares de otras tantas empresas, y 71 han sido imputadas por los presuntos delitos de falsedad documental, estafa al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), contra la Seguridad Social, favorecimiento de la Inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.
La operación ha sido realizada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica, de la Comisaría General de la Policía Judicial, en colaboración con las Brigadas de Policía Judicial de Lleida y Reus (Tarragona).
Las investigaciones se iniciaron a partir de que la Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo de Lleida detectaran la existencia de empresas en las que se registraban continuos movimientos de altas y bajas, que aparentemente no se correspondían con una actividad real y que presentaban deudas en sus cotizaciones de seguros sociales. La mayoría de empresas investigadas no desarrollaron actividad empresarial real y efectiva y las que la tuvieron en ningún caso se corresponde con el volumen de trabajadores que dieron de alta. Algunas de las personas llamadas a declarar afirmaron no haber trabajado y haber sido dadas de alta a cambio de entregas de dinero a los responsables de las empresas en cuantía que oscila entre los 150 y los 400 euros.
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) trasladó esta información a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la policía Nacional, dependiente de la Comisaría General de la Policía Judicial, especializada en la lucha contra el fraude.
Tras las oportunas comprobaciones, los investigadores determinaron que 11 empresas, de las que seis eran personas físicas, presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores, algunas de las cuales se repetían en el entramado empresarial, al tiempo que incumplían sistemáticamente la obligación de cotizar a la Seguridad Social por los seguros sociales de sus trabajadores. Los descubiertos por impago de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social ascendían a un total de 2.287.219,47 euros. Además, las empresas investigadas tampoco habían presentado la declaración de operaciones con terceros ante la Agencia Tributaria, o lo habían hecho por cantidades mínimas.
Aportaban domicilios falsos
Las investigaciones detectaron asimismo que los domicilios presentados para la inscripción de las empresas en Seguridad Social eran falsos y sus titulares desconocidos en las direcciones que constaban, tanto en la propia Seguridad Social como en las bases de datos policiales.
Las empresas aparecían registradas con actividades de construcción, servicios de limpieza, carnicería y locutorio y habían dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un total de 660 trabajadores, de los que 115 solicitaron prestaciones y/o subsidios. En base a los periodos de alta y carencia acumulados, 70 de estos solicitantes percibieron prestaciones por desempleo del SPEE y, en algunos casos, del Instituto Nacional de la Seguridad Social por maternidad. El total de lo percibido por este concepto asciende a más de 500.000 euros.
Para más información:
Ministerio de Trabajo e Inmigración
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