FSC CCOO lleva a la vía judicial la rebaja salarial del sector público estatal.
La Comisión Interministerial de Retribuciones (CIR), con fecha 22 de julio de 2010, desestimó el recurso de alzada interpuesto por CCOO contra la Resolución de la CECIR de fecha 27 de mayo de 2010, sobre aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010 al personal laboral y no funcionario de las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos y entes públicos.
Esta actuación constituía un requerimiento obligatorio de carácter procesal para elevar a la vía judicial la defensa de los derechos individuales y colectivos de las cerca de 60.000 personas que trabajan en el sector público estatal.
El recurso, presentado ante el TSJ de Madrid, plantea la nulidad de las resoluciones impugnadas, por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, en su faceta de negociación colectiva, incidiendo y afectando gravemente a convenios colectivos en vigor y, por tanto, alterando unilateralmente los pactos colectivos reguladores de las relaciones laborales.
Con ello, se vulneran las bases del derecho laboral; así como lo dispuesto en el Artículo 33 de la Constitución Española en relación con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950.
Todo ello, sin olvidar la posible inconstitucionalidad de esta norma legal, por ausencia de presupuesto habilitante, grave afectación de los derechos regulados en el Título I de la Constitución, vulneración de los principios de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, entre otros fundamentos.
Con este recurso, la FSC CCOO hace efectivo su compromiso de mantener activos, de forma gratuita, los derechos individuales y colectivos de todo el personal de las administraciones y servicios públicos.
La Comisión Interministerial de Retribuciones (CIR), con fecha 22 de julio de 2010, desestimó el recurso de alzada interpuesto por CCOO contra la Resolución de la CECIR de fecha 27 de mayo de 2010, sobre aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010 al personal laboral y no funcionario de las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos y entes públicos.
Esta actuación constituía un requerimiento obligatorio de carácter procesal para elevar a la vía judicial la defensa de los derechos individuales y colectivos de las cerca de 60.000 personas que trabajan en el sector público estatal.
El recurso, presentado ante el TSJ de Madrid, plantea la nulidad de las resoluciones impugnadas, por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, en su faceta de negociación colectiva, incidiendo y afectando gravemente a convenios colectivos en vigor y, por tanto, alterando unilateralmente los pactos colectivos reguladores de las relaciones laborales.
Con ello, se vulneran las bases del derecho laboral; así como lo dispuesto en el Artículo 33 de la Constitución Española en relación con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950.
Todo ello, sin olvidar la posible inconstitucionalidad de esta norma legal, por ausencia de presupuesto habilitante, grave afectación de los derechos regulados en el Título I de la Constitución, vulneración de los principios de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, entre otros fundamentos.
Con este recurso, la FSC CCOO hace efectivo su compromiso de mantener activos, de forma gratuita, los derechos individuales y colectivos de todo el personal de las administraciones y servicios públicos.
Fuente : CCOO
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