La lucha contra el fraude materia de derechos
laborales y sociales de los trabajadores y de las empresas es una prioridad del
Gobierno, y así lo pone de manifiesto mediante como la firma de un convenio de
cooperación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y
Seguridad Socia para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la
Seguridad Social.
El Gobierno quiere estimular la lucha contra
todo aquel comportamiento que atente contra los derechos de los trabajadores y
que provoque perjuicio a las empresas que cumplen con la ley.
Este convenio actualiza las disposiciones que
databan de 1994 sobre la colaboración entre la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde
entonces, han aparecido nuevas situaciones de fraude y de delito, que hacen
necesaria una actuación conjunta que relance y refuerce el trabajo conjunto
entre ambas instituciones del Estado. Éstos son algunos ejemplos de fraude o
delito:
• La constitución de empresas ficticias para
obtener de manera indebida prestaciones de la Seguridad Social.
• La
simulación de relaciones laborales.
• El
empleo de extranjeros sin sus permisos autorizados en vigor.
• La
explotación y trata de seres humanos por parte de redes internacionales.
El Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y
el Fraude a la Seguridad Social que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de
abril de 2012, ha dado respuesta a la necesidad de intensificar la persecución
del delito y el fraude en materia de los derechos laborales y sociales de los
trabajadores y de las empresas. Estas
actuaciones conjuntas contribuirán a intensificar la lucha contra el fraude
mejorando aun más los resultados que ya está dando el plan.
Durante 2012, se han llevado a cabo 14.000
actuaciones conjuntas entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los delitos cometidos contra la
Seguridad Social han sido 159 en 2012, y los cometidos contra los derechos de
los trabajadores 1.067. Se han detenido a 447 personas por delitos contra la
Seguridad Social y a 930 por delitos contra trabajadores.
En 2012 el aumento del número de actuaciones
permitió un incremento del 169,72% en el número de infracciones detectadas en
materia de empresas ficticias. Este aumento de infracciones detectadas se
incrementa hasta el 198,39% en el primer trimestre de 2013, frente al mismo
período de 2012.
Por lo que respecta al fraude en
prestaciones, el número de infracciones
a empresas por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo se
incrementó en 2012 casi un 30%. Las infracciones de trabajadores que
incurrieron en la compatibilización u obtención indebida de prestaciones
aumentaron un 49%.
Durante el primer trimestre 2013, se está
continuando con la misma tendencia, al aumentar las infracciones a empresas más
de un 33% y un 38,37% las infracciones por cobro indebido de prestaciones por
desempleo.
Los dos ministros han lanzado un mensaje
determinante para señalar que “defraudar a la Seguridad Social es defraudar a
toda la sociedad, pero en especial en estos momentos, defraudar a la Seguridad
Social es sobre todo perjudicar a los parados, jubilados y demás pensionistas”.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha
destacado gracias a la labor conjunta de todos “preservaremos mejor los
derechos de los trabajadores, lucharemos contra la competencia desleal, y
contribuiremos a reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema público de
prestaciones de empleo y Seguridad Social”.
Por su parte, el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, ha destacado que las modificaciones legislativas introducidas
en materia de transparencia, lucha contra el fraude fiscal y a la seguridad
social y contra el empleo irregular “han mejorado la eficacia en la lucha
contra el fraude y ha endurecido las sanciones a quienes defraudan a la
Seguridad Social”.
En este contexto, ambos ministros han
coincidido en que estas modificaciones hacen necesario fortalecer la
colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de detectar aquellas conductas que
pudieran ser consideradas como delitos tipificados en el Código Penal o como
infracciones administrativas del orden social y normativa de extranjería.
Además, este convenio recoge criterios
generales para la coordinación operativa e instrucciones para constituir grupos
operativos mixtos de miembros de ambas instituciones para luchar eficazmente
contra el fraude, el delito y la insolidaridad.
En definitiva, un excelente instrumento la
firma de este convenio para luchar con todo el ahínco posible contra el empleo
irregular y el fraude a la Seguridad Social, dos auténticas lacras que en estos
tiempos de crisis económica y desempleo, parece que aún se sienten más
fuertemente, por eso todo lo que sirva para fortalecer la lucha contra ellos
mejor que mejor.
Para más información:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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