El CERSE aprueba la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas

En su reunión, celebrada ayer en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Pleno del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) ha dado luz verde a la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, un documento que dotará a nuestro país de un marco común de referencia que permitirá armonizar las distintas actuaciones que, en relación a la RSE, se están desarrollando tanto en el ámbito público como en el privado.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha referido al comienzo de su intervención a la hoja de ruta del Gobierno de España en lo relativo al impulso de la Responsabilidad Social, “que se vertebra en torno a tres ejes fundamentales”. En el primer eje relativo a la transparencia, el buen gobierno y la ejemplaridad de las Administraciones públicas, la ministra se refirió a la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; a la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que introduce reformas en materia de gobierno corporativo para las entidades de crédito; y al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo.

En relación al segundo eje, el de promoción de la RSE, “hemos puesto en marcha una iniciativa que en Europa ya ha sido considerada como una “buena práctica” y que tenemos previsto continuar impulsando”, aseguró la ministra. Se trata del sello de adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, “cuyo objetivo es dar visibilidad a aquellas empresas y organizaciones que realizan actuaciones para que los jóvenes tengan más y mejores oportunidades laborales”, aseguró. Hasta la fecha, ya son más de 500 las empresas las que se han adherido a la Estrategia, que han puesto en marcha medidas valoradas en casi 500 millones de euros.

Por último, la ministra se refirió a un tercer eje para la creación de un marco común de referencia en el que se enmarca, como actuación principal, la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas.

La Estrategia responde a las recomendaciones plasmadas en la Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas, que insta a los países miembros a impulsar políticas nacionales en materia de RSE. “Además, se trata de un compromiso del Gobierno adquirido en mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, en el que me comprometí a que España tuviera una Estrategia de Responsabilidad Social en la presente legislatura”, ha señalado Báñez.

Trabajo en el seno del CERSE

La Estrategia se ha elaborado en el seno del CERSE a partir de una propuesta inicial que el Ministerio realizó, a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, en el pasado mes de septiembre.

Desde entonces, el Grupo de Trabajo encargado de elaborar el documento definitivo se ha reunido en un total de 15 ocasiones que han dado lugar a más de 40 horas de negociación que, según ha manifestado Fátima Báñez,  “han dado lugar a un documento que recoge las distintas visiones que existen sobre esta materia pero, sobre todo, recoge puntos de partida coincidentes para tratar que las distintas actuaciones que se desarrollen en nuestro país relacionadas con la RSE tengan mayor alcance”.

Además de los cuatro grupos que componen el CERSE (administraciones públicas, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y sociedad civil organizada) en la elaboración de la  Estrategia han participado 10 ministerios, las comunidades autónomas, las entidades locales, responsables de RSE de empresas españolas, expertos académicos y también los ciudadanos a través del proceso de información pública al que ha sido sometido el borrador del documento.

Seis principios, cuatro objetivos, 10 líneas de actuación y 60 medidas

La Estrategia Española de RSE parte de seis principios, marca cuatro objetivos estratégicos y 10 líneas de actuación con sus correspondientes medidas que confluyen en una visión: apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.

Los seis principios, tal y como se recogen en el borrador, son:

1.COMPETITIVIDAD. La puesta en marcha de actuaciones en materia de Responsabilidad Social se puede identificar también como una apuesta por la excelencia en la gestión de las empresas que redunda en la mejora de su posicionamiento en el mercado, en su productividad, rentabilidad y sostenibilidad.

La Responsabilidad Social facilita la innovación al incorporar nuevas formas de gestión que favorecen la creación de nuevos productos y servicios dando respuesta a retos sociales y ambientales.

2.COHESIÓN SOCIAL. La RSE debe aumentar la eficacia de las organizaciones en la promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

La valoración de la RSE por la sociedad, su mejor forma de promoción, requiere que los ciudadanos identifiquen la misma como un elemento de cohesión social para ayudar a reducir los efectos sociales de la crisis económica, principalmente la pérdida de puestos de trabajo, y con la creación de empleo.

3.CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO. La aplicación de los criterios y valores de la RSE, en colaboración efectiva con los grupos de interés, contribuye a generar y reforzar el impacto positivo. Debe, al mismo tiempo, contribuir a identificar, prevenir y eliminar los impactos negativos y crear más valor no sólo para la propia organización que los aplica, sino también para aquellos con los que lo comparte que son los principales grupos de interés involucrados en su actividad y la sociedad en general.

El objetivo de dicha aplicación debe ser maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios y/o accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio, con el fin de identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.

4.SOSTENIBILIDAD. La RSE se constituye como un instrumento para desarrollar organizaciones conscientes de su papel principal en el logro de un desarrollo humano, económico, y medioambiental sostenido en el tiempo para las sociedades en las que se integran.

Es posible una evolución justa y responsable hacia una economía más competitiva que dé lugar a un desarrollo sostenible y logre progreso social.

5.TRANSPARENCIA. La RSE contribuye a promover organizaciones ejemplares y transparentes, lo que redunda en un aumento de la credibilidad y de la confianza. Las empresas y organizaciones socialmente responsables dialogan con sus interlocutores y adquieren compromisos con sus grupos de interés, lo que facilita que éstos puedan tomar decisiones mejor  informadas. Ello repercute de manera directa en su reputación de cara al resto de la sociedad.

Una organización socialmente responsable debe considerar todos sus aspectos (económicos, sociales, laborales, medioambientales, buen gobierno…). Una buena práctica en uno de los aspectos no puede ser considerada como un aval de RSE sin conocer y tener en consideración el resto de los aspectos.

6.VOLUNTARIEDAD. La adopción de políticas de responsabilidad social es voluntaria, y supone un valor añadido al cumplimiento de la normativa vigente. El compromiso asumido voluntariamente con las partes interesadas, debe ser la base del cumplimiento de las expectativas que generen las organizaciones.

Los objetivos en torno a los cuales se vertebran las 10 líneas de actuación son:

•Objetivo 1. Impulsar y promover la RSE, tanto en las empresas, incluidas las PYMES, como en el resto de organizaciones públicas y privadas, en sus actuaciones en los diversos ámbitos geográficos en los que operan.

•Objetivo 2. Identificar y promover la RSE como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social.

•Objetivo 3. Difundir los valores de la RSE en el conjunto de la sociedad.

•Objetivo 4. Crear un marco de referencia común para todo el territorio en materia de RSE, que garantice el cumplimiento y respeto de los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado y permita una mayor coordinación y sinergias en esta materia.

Y las 10 líneas de actuación en las que se enmarcan las 60 medidas concretas son:

1.Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles: el objetivo es extender la cultura de la RSE al conjunto de la sociedad a través de actuaciones como la promoción de sus principios, de las recomendaciones de consenso internacional en esta materia y la difusión de buenas prácticas en este ámbito.

2.Integración de la RSE en la educación, la formación y en la investigación: la educación en el valor del comportamiento responsable, la formación especializada en técnicas de gestión socialmente responsable y la investigación orientada a la aplicación efectiva de sus criterios, son pilares fundamentales para acelerar cambios en la forma de pensar y el actuar sostenible de las actuales y futuras generaciones.

 “Porque introducir la RSE desde edades tempranas es la palanca más potente con la que podemos contar para lograr que sus criterios, principios y valores calen en el conjunto de la sociedad y fortalezcan de manera definitiva la Responsabilidad Social en España”, ha asegurado la ministra de Empleo durante su intervención en el pleno.

3.Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la confianza: las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia deben ser señas de identidad de las organizaciones socialmente responsables.

4.Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo: las organizaciones socialmente responsables deben prestar atención especial a la creación de empleo de mayor calidad y tener en cuenta a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. Además, deben poner en marcha prácticas que impulsen la diversidad en las plantillas para que éstas sean un reflejo real de la sociedad en la que se desarrollan, así como garantizar, en todo caso, el cumplimiento de los derechos humanos y laborales.

5.Inversión socialmente responsable e I+D+i: la responsabilidad social empresarial puede constituirse como un elemento de atracción de la inversión de largo plazo e incentivadora de un crecimiento responsable y sostenible.

Además, debe promoverse el desarrollo de la cultura innovadora en nuestro país como seña de identidad, especialmente aquellas que impulsan el desarrollo de las nuevas tecnologías y las que están orientadas a promover el desarrollo sostenible de la sociedad, tanto desde el punto de vista económico, social y ambiental. Se debe involucrar a las Administraciones públicas en dicho proceso.

6.Relación con los proveedores: el desarrollo de sistemas de relación socialmente responsables por parte de las organizaciones con cada uno de los componentes de la cadena de suministro, y la puesta en marcha de actuaciones que contribuyan a extender las buenas prácticas que éstas llevan a cabo en materia de responsabilidad social entre sus distintos proveedores, deben ocupar un lugar prioritario en los planes estratégicos de las empresas y de las administraciones públicas.

7.Consumo responsable: se introducen medidas para sensibilizar, concienciar y hacer partícipe al consumidor en su toma de decisiones, lo que contribuirá, por un lado, a extender las prácticas de responsabilidad empresarial como requisitos de negocio; y, por otro, a la promoción de una sociedad más sostenible, ecológica  y solidaria.

8.Respeto al medio ambiente: el respeto al medio ambiente es un requisito indispensable de toda organización con vocación sostenible, ya que tiene que conciliar el cuidado del entorno con el desarrollo económico y de las personas. En esta línea de actuación se incluirán medidas dirigidas a fomentar el respeto por el entorno mediante la puesta en marcha de actuaciones referentes al control y consumo responsable de recursos naturales, la minimización del impacto ambiental, o el impulso de las tecnologías limpias, entre otras.

9.Cooperación al desarrollo: esta línea estratégica trata de promover la coordinación y la participación de los distintos agentes implicados en el objetivo de poner en valor el desempeño responsable de empresas españolas para favorecer la cohesión social y destacar su papel como aliadas en el desarrollo de la cooperación española con actuaciones encaminadas a cumplir los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible y, especialmente, a la defensa y protección de los derechos humanos de las comunidades.

Se pretende también fomentar la incorporación de los principios establecidos en Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y empresas transnacionales, a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo y fomentar la gestión socialmente responsable de las empresas españolas en el exterior, con objeto de relacionar los esfuerzos de las organizaciones por ser más responsables con el legado que recogerán las generaciones futuras a largo plazo.

1.Coordinación y participación: en esta línea de actuación se pretende articular mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como local, con objeto de promover los principios y criterios de la RSE, así como fomentar el intercambio de experiencias con otros países y poner en marcha, en el seno del CERSE, el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas.

Seguimiento y Evaluación

El documento incluye, además, en su parte final, una clasificación de las 60 medidas que contempla según su prioridad (12 son de prioridad muy alta, 18 son de prioridad alta y 30 son de prioridad media) y determina qué entidades son las encargadas de impulsar y poner en marcha cada una de las actuaciones.

 “Se marca así una hoja de ruta que nos compromete a todos y que ha de dar lugar a que cada uno de los agentes implicados realicemos, en el ámbito de nuestras competencias, planes de acción que desemboquen en el desarrollo y cumplimento de cada una de las medidas que contempla el documento”, ha indicado Báñez.

Además, y con el objeto de hacer un seguimiento de cada una de las medidas, la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas realizará un informe anual que se presentará al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas y a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para su posterior evaluación.

Para más información:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social